La gran incertidumbre reinante acaba generando un velo de desconfianza generalizada sobre la opinión de los expertos
Informe España 2025 (VII) - Cátedra José María Martín Patino de la Cultura del Encuentro - Universidad Pontificia Comillas - Fundación Ramóm Areces
El informe quiere contribuir a la formación de la autoconciencia colectiva, ser un punto de referencia para el debate público que ayude a compartir los principios básicos de los intereses generales.
Parte primera: Consideraciones generales frente a la erosión democrática: más ciencia, mejor política (Joan Subirats, Universitat Autònoma de Barcelona).
Llegados a este punto, y en plena erosión de credibilidad sobre la solidez de las argumentaciones que unos y otros usan en los debates democráticos sobre las acuciantes problemáticas a las que nos enfrentamos, quizás lo que pensemos es que a pesar de tener más nivel de conocimientos que nunca, la gran incertidumbre reinante acaba generando un velo de desconfianza generalizada sobre la opinión de los expertos. Cuando, en cambio, lo que deberíamos reconocer es que a medida que la confusión aumenta, crece la necesidad de que cualquier opinión que se formule con relación a una realidad problemática o a un hecho polémico se sustente en un fundamento fáctico, de base científica.
En este sentido, los expertos son importantes a la hora de discutir la relevancia de los argumentos que los distintos implicados esgrimen en torno a un problema o un hecho a partir de lo que son sus valores, intereses o creencias. La capacidad de distinguir las evidencias sólidas de las que no tienen fundamento es un aspecto que caracteriza a un experto. En general, ha existido una potente corriente crítica sobre el excesivo peso de los expertos en el funcionamiento de la democracia. Se ha considerado que se utilizaba su autoridad como expertos en tal o cual cuestión para justificar y hacer más creíbles las decisiones políticas, abusando, por así decirlo, de su posición, sin que nadie les hubiera dado tal potestad o respaldado su capacidad de influencia. Los problemas que derivan de ello es que la opinión de los expertos puede aparecer como un "hecho", como una información que debe tenerse en cuenta. Pero esa misma influencia conduce a la inevitable politización de sus conclusiones, ya que el mismo concepto de objetivad es algo socialmente construido, y en tanto que intervienen en temas que siempre plantean pros y contras, costes y beneficios, su posición acaba siendo discutida. La disparidad de conocimientos que pueden tener los expertos y la gente común convierte esa relación en estructuralmente desigual. Tuvimos buena prueba de ello durante la pandemia y en las medidas que se fueron tomando.
Lo cierto es que la propia complejidad de los retos a los que nos enfrentamos no permite prescindir de las aportaciones de quienes más han estudiado las causas y efectos que envuelven esas cuestiones. Por tanto, la cuestión no es prescindir de los expertos, sino tratar de construir espacios y momentos en que expertos, ciudadanos, decisores políticos y técnicos puedan debatir sobre estos temas, generando procesos de co-producción de conocimiento. En este sentido, las experiencias que se han ido desarrollando en distintos contextos muestran cómo puede avanzarse en reducir la distancia o desconexión entre personas y colectivos con distintos grados de conocimiento y de experiencia, pero todos ellos implicados y participando en igual medida en un proceso decisional.
¿Podemos seguir hablando de ciencia si no nos limitamos a caracterizar lo que ocurre, sus causas y de sus efectos, sino que además incorporamos algunas líneas de lo que podrían ser las acciones que se deben emprender para mejorar la situación de partida? ¿O, si lo hacemos así, estaríamos abandonando la protección "neutral" de la actividad científica pura? En una de las recientes aportaciones al tema, Gil Eyal (2019) propone imaginar tres carriles de autopista. En uno, el más lento, circularía la investigación científica más pura, cuya perspectiva no viene condicionada por urgencias sociales, sino que le guía la búsqueda del saber, y es, por tanto, lenta y meticulosa, ya que no es requerida para tomar decisiones de cómo actuar. En el carril más rápido circularían los analistas o consultores, que, precisamente, trabajan con tiempo limitado, ya que sus conclusiones y recomendaciones son necesarias a corto plazo, sea porque su opinión experta forma parte del quehacer de los tribunales que han de dirimir en un conflicto, sea porque de su informe depende el que se puedan emprender acciones urgentes en un determinado escenario o conflicto social y político. La pregunta es si existe espacio para un carril intermedio, el que sería más propio de la "ciencia para las políticas", donde se ajustarían tiempos, necesidades y ritmos, se analizarían riesgos, se incorporarían las distintas opiniones de los expertos y se buscarían documentos de síntesis. Un carril de interacción entre investigación científica, normativa y políticas públicas. No es un carril fácil. La fricción está asegurada. No es un carril para científicos puros ni para consultores contratados 'ad hoc'. Es un espacio para expertos de diverso origen y condición, desde investigadores a personas o actores que llevan mucho tiempo inmersos en el problema, gente, en definitiva, "que sabe de qué habla". Un espacio en el que se mezclan la legitimidad científica y la legitimidad democrática.
Lo que está en juego es cómo hemos de actuar en un mundo, en plena transición, en el que la incertidumbre y la volatilidad alcanzan cotas no conocidas. En un escenario como este, ¿debe la ciencia limitarse a lo que se puede afirmar con toda seguridad? ¿O es necesario preguntarse si debería poder ayudar, junto con otros actores y expertos de toda condición, a encarar los formidables retos a los que nos enfrentamos sin disponer de todo el conocimiento ni de toda la certidumbre para ello?
(Coordinación y edición: Agustín Blanco, Sebastián Mora y José Antonio López-Ruiz)
Gracias a la Fundación Ramón Areces, la Cátedra José María Martín Patino de la Cultura del Encuentro elabora este informe. En él ofrecemos una interpretación global y comprensiva de la realidad social española, de las tendencias y procesos más relevantes y significativos del cambio.
El informe quiere contribuir a la formación de la autoconciencia colectiva, ser un punto de referencia para el debate público que ayude a compartir los principios básicos de los intereses generales.
Parte primera: Consideraciones generales frente a la erosión democrática: más ciencia, mejor política (Joan Subirats, Universitat Autònoma de Barcelona).
7.- En época de incertidumbre extrema, ¿podemos fiarnos de los expertos?
Llegados a este punto, y en plena erosión de credibilidad sobre la solidez de las argumentaciones que unos y otros usan en los debates democráticos sobre las acuciantes problemáticas a las que nos enfrentamos, quizás lo que pensemos es que a pesar de tener más nivel de conocimientos que nunca, la gran incertidumbre reinante acaba generando un velo de desconfianza generalizada sobre la opinión de los expertos. Cuando, en cambio, lo que deberíamos reconocer es que a medida que la confusión aumenta, crece la necesidad de que cualquier opinión que se formule con relación a una realidad problemática o a un hecho polémico se sustente en un fundamento fáctico, de base científica.
En este sentido, los expertos son importantes a la hora de discutir la relevancia de los argumentos que los distintos implicados esgrimen en torno a un problema o un hecho a partir de lo que son sus valores, intereses o creencias. La capacidad de distinguir las evidencias sólidas de las que no tienen fundamento es un aspecto que caracteriza a un experto. En general, ha existido una potente corriente crítica sobre el excesivo peso de los expertos en el funcionamiento de la democracia. Se ha considerado que se utilizaba su autoridad como expertos en tal o cual cuestión para justificar y hacer más creíbles las decisiones políticas, abusando, por así decirlo, de su posición, sin que nadie les hubiera dado tal potestad o respaldado su capacidad de influencia. Los problemas que derivan de ello es que la opinión de los expertos puede aparecer como un "hecho", como una información que debe tenerse en cuenta. Pero esa misma influencia conduce a la inevitable politización de sus conclusiones, ya que el mismo concepto de objetivad es algo socialmente construido, y en tanto que intervienen en temas que siempre plantean pros y contras, costes y beneficios, su posición acaba siendo discutida. La disparidad de conocimientos que pueden tener los expertos y la gente común convierte esa relación en estructuralmente desigual. Tuvimos buena prueba de ello durante la pandemia y en las medidas que se fueron tomando.
Lo cierto es que la propia complejidad de los retos a los que nos enfrentamos no permite prescindir de las aportaciones de quienes más han estudiado las causas y efectos que envuelven esas cuestiones. Por tanto, la cuestión no es prescindir de los expertos, sino tratar de construir espacios y momentos en que expertos, ciudadanos, decisores políticos y técnicos puedan debatir sobre estos temas, generando procesos de co-producción de conocimiento. En este sentido, las experiencias que se han ido desarrollando en distintos contextos muestran cómo puede avanzarse en reducir la distancia o desconexión entre personas y colectivos con distintos grados de conocimiento y de experiencia, pero todos ellos implicados y participando en igual medida en un proceso decisional.
¿Podemos seguir hablando de ciencia si no nos limitamos a caracterizar lo que ocurre, sus causas y de sus efectos, sino que además incorporamos algunas líneas de lo que podrían ser las acciones que se deben emprender para mejorar la situación de partida? ¿O, si lo hacemos así, estaríamos abandonando la protección "neutral" de la actividad científica pura? En una de las recientes aportaciones al tema, Gil Eyal (2019) propone imaginar tres carriles de autopista. En uno, el más lento, circularía la investigación científica más pura, cuya perspectiva no viene condicionada por urgencias sociales, sino que le guía la búsqueda del saber, y es, por tanto, lenta y meticulosa, ya que no es requerida para tomar decisiones de cómo actuar. En el carril más rápido circularían los analistas o consultores, que, precisamente, trabajan con tiempo limitado, ya que sus conclusiones y recomendaciones son necesarias a corto plazo, sea porque su opinión experta forma parte del quehacer de los tribunales que han de dirimir en un conflicto, sea porque de su informe depende el que se puedan emprender acciones urgentes en un determinado escenario o conflicto social y político. La pregunta es si existe espacio para un carril intermedio, el que sería más propio de la "ciencia para las políticas", donde se ajustarían tiempos, necesidades y ritmos, se analizarían riesgos, se incorporarían las distintas opiniones de los expertos y se buscarían documentos de síntesis. Un carril de interacción entre investigación científica, normativa y políticas públicas. No es un carril fácil. La fricción está asegurada. No es un carril para científicos puros ni para consultores contratados 'ad hoc'. Es un espacio para expertos de diverso origen y condición, desde investigadores a personas o actores que llevan mucho tiempo inmersos en el problema, gente, en definitiva, "que sabe de qué habla". Un espacio en el que se mezclan la legitimidad científica y la legitimidad democrática.
Lo que está en juego es cómo hemos de actuar en un mundo, en plena transición, en el que la incertidumbre y la volatilidad alcanzan cotas no conocidas. En un escenario como este, ¿debe la ciencia limitarse a lo que se puede afirmar con toda seguridad? ¿O es necesario preguntarse si debería poder ayudar, junto con otros actores y expertos de toda condición, a encarar los formidables retos a los que nos enfrentamos sin disponer de todo el conocimiento ni de toda la certidumbre para ello?
(Coordinación y edición: Agustín Blanco, Sebastián Mora y José Antonio López-Ruiz)