Continuar y actualizar los esfuerzos para tratar que la formulación de la política en acción sea más "científica"
Informe España 2025 (VIII) - Cátedra José María Martín Patino de la Cultura del Encuentro - Universidad Pontificia Comillas - Fundación Ramóm Areces
El informe quiere contribuir a la formación de la autoconciencia colectiva, ser un punto de referencia para el debate público que ayude a compartir los principios básicos de los intereses generales.
Parte primera: Consideraciones generales frente a la erosión democrática: más ciencia, mejor política (Joan Subirats, Universitat Autònoma de Barcelona).
Hemos defendido hasta ahora que, en este escenario de cambio de época, lleno de incertidumbre, complejidad y dificultad, resulta imprescindible conseguir un afianzamiento de la democracia. Y para ello entendemos que es importante avanzar en una mayor presencia de la ciencia, la tecnología y también la contribución de los científicos y expertos para saber a qué atenernos y reforzar la eficacia de las instituciones democráticas. Una perspectiva de este tipo tiene, como hemos ido viendo, sus pros y sus contras. Pero, ¿en qué aspectos concretos de la acción política es esa articulación más factible? Si lo que queremos es contribuir a que en democracia exista una mayor articulación entre las decisiones de los poderes públicos y las evidencias y capacidades analíticas que nos ofrecen los avances científicos y técnicos, lo primero que deberemos hacer es hablar de los instrumentos que en democracia se han ido configurando para afrontar los problemas colectivos. La política en acción, la política en su capacidad transformadora actúa a través de las políticas públicas.
La política actúa cuando surge una necesidad no satisfecha, una demanda que no ha sido cubierta, una oportunidad de acción que puede mejorar tal o cual cuestión. Pero, que algo vaya mal o no, que lo que se demanda sea o no socialmente necesario, o que la oportunidad deba aprovecharse, son cuestiones debatibles. Como discutibles pueden también ser los datos que avalen o justifiquen tal reclamación de acción por parte de los poderes públicos.
Los poderes públicos tenían en el escenario liberal, a principios del siglo XX, un conjunto de tareas limitadas. Muy centradas en los temas de seguridad, defensa y cumplimiento de la legalidad. A partir del Informe Beveridge de 1943 y la institucionalización de las nuevas democracias tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los objetivos y obligaciones institucionales se amplían significativamente, incorporando derechos sociales como la educación o la sanidad para todos, como garantía de los compromisos de libertad e igualdad. Todo ello impulsó muchos programas y actuaciones de los Estados. La cuestión entonces no fue sólo que los poderes públicos cumplieran la legalidad o garantizaran que los ciudadanos pudieran llevar a cabo sus actividades con seguridad, sino que de lo que se trataba era de ver si eran capaces de cumplir sus promesas, si eran capaces de garantizar unos estándares de salud básica, de asegurar niveles de educación para la población infantil y juvenil y todas aquellas otras cuestiones en que la sociedad considerara necesaria la intervención pública. Más gasto público, más impuestos para sufragar ese gasto, más planes de acción en forma de políticas públicas.
En efecto, en el mundo contemporáneo las decisiones de los poderes públicos se articulan y se sustancian en forma de políticas públicas. Dicho de manera simple, una política pública es "todo aquello que los gobiernos deciden hacer o no hacer" (Dye, 1972). De manera más elaborada, podríamos decir que "una política pública es un conjunto de acciones y decisiones llevadas a cabo por diversos actores con la finalidad de resolver un problema definido políticamente como público" (Subirats et al., 2008). La política pública parte, por tanto, de una insatisfacción, de algo que va "mal", y ese desajuste no va a resolverse por la simple interacción social y privada, sino que requiere que los poderes públicos intervengan.
El crecimiento de la intervención de los poderes públicos y el consiguiente aumento de la inversión pública tiene, pues, ese fundamento normativo y se refleja en el gran abanico de políticas públicas que lo concretan y lo llevan a cabo. Políticas públicas que generan a su alrededor un universo de actores, valores e intereses que tratan de influir en su definición y en su puesta en práctica. Profesores, médicos o sanitarios, trabajadores sociales y un sinfín de otros empleados públicos, con sus sindicatos, agrupaciones y demandas. Pero también asociaciones de alumnos, gente sin techo, pacientes o entidades del tercer sector, junto con empresas que proveen servicios, realizan obras públicas o pretenden influir en la legislación. Y todo ello en un escenario en el que para poder decidir con sentido es necesario disponer de datos sobre los problemas a resolver, contar con análisis de factibilidad de las acciones a emprender. Sabiendo que tras cada decisión hay un universo de personas y entidades afectadas, desde las propias administracionees públicas y sus empleados públicos, hasta las empresas u organizaciones sociales, que deberán involucrarse en la labor de poner en práctica aquello que finalmente se ha decidido.
Siempre ha sido complicado hacer que lo que se decida suceda. Pero ahora la complicación ha aumentado, y se vive en una constante incertidumbre. Cualquier cosa que se decide en cualquier parte del mundo tiene efectos más o menos inmediatos en el resto del planeta. Cada día tenemos más evidencias de que no podemos seguir haciendo lo que hacíamos, ya que la emergencia climática nos va mostrando la gravedad de sus efectos. El sistema financiero y digital actúa en una esfera blogal y trata de reducir e incluso eliminar muchas de las regulaciones de los Estados. Mientras, la desigualdad y el desequilibrio económico a escala planetaria sigue aumentando. Como consecuencia de ello, crecen todo tipo de conflictos y aumentan los flujos migratorios, que generan sociedades multiétnicas con repercusiones evidentes en las identidades y sentidos de pertenencia en multitud de países. En ese escenario los procesos de decisión de nuevas políticas son también más difíciles de llevar a cabo.
Es necesario recordar que las políticas tienen una naturaleza dual. Por un lado, son instrumentos para tratar de solucionar o reducir problemas concretos (por ejemplo, reducir el absentismo escolar, el desempleo, el sinhogarismo, incrementar los niveles de educación postobligatoria, mejorar la salud y contribuir así a aumentar la esperanza de vida de la población, o contribuir a la formación a lo largo de la vida). En tanto que instrumentos, las políticas públicas pueden ser objeto de análisis racional y de evaluación para reforzar su efectividad. ¿En qué grado la política X ha conseguido reducir el problema Y? ¿Qué ha funcionado y qué no? ¿Se podría hacer más con menos recursos? ¿Tendría ventajas que tal tema que ahora asume la administración sea externalizado y que pase a ser gestionado por una empresa o una entidad social? En este ámbito de la racionalidad, las políticas pueden ser objeto de un análisis análogo al que podría hacerse a través de un ensayo clínico para determinar la efectividad de un fármaco contra una enfermedad, o el que haría un ingeniero agrónomo para establecer el nivel de efectividad de un nuevo abono para maximizar, por ejemplo, la producción de fruta.
Pero, por otro lado, las políticas son el resultado de una diversidad de procesos de naturaleza básicamente política. Procesos políticos que pueden darse en el marco de las instituciones, por ejemplo: presentación de un plan de gobierno para mejorar las carreteras de titularidad estatal. O pueden darse de forma más o menos informal: grupos políticos negociando entre ellos en el Congreso un nuevo programa de becas; sindicatos queriendo condicionar la acción del Gobierno en materia de inversiones; grupos de interés tratando de visibilizar un problema para que el Gobierno actúe; un conjunto de académicos publicando artículos para promover una determinada solución con relación al calentamiento global; o un grupo de activistas movilizándose para impedir que se construya una infraestructura.
Todo ello forma parte inequívoca de la política. En este ámbito el conocimiento o la "ciencia" que se necesita es otra. Consiste en saber cómo funciona el proceso político, qué actores participan y cuáles son los más influyentes, cómo llegan a definir un problema, cómo logran que los temas que definen alcancen la agenda pública, o qué han de hacer para que acaben seleccionándose sus alternativas de acción preferidas. Es el ámbito de los valores y los intereses y ahí el análisis técnico-racional tiene sus límites. Es asimismo el ámbito del pluralismo, donde se hace evidente que las decisiones no las toma un decisor único y racional, sino que derivan de la interacción entre actores.
El análisis racional o científico de las políticas públicas suele pecar de olvidar o minusvalorar la dimensión estrictamente política, mientras que el análisis político suele subestimar la dimensión más analítica o instrumental de las políticas. A los efectos de lo que aquí nos interesa -cómo conseguir que las evidencias y análisis de las aportaciones científicas tengan más impacto en el proceso de elaboración de las políticas públicas-, ambas dimensiones de las políticas son igualmente relevantes.
Es importante señalar, por otra parte, que la "ciencia para las políticas" no es una perspectiva genuinamente nueva, sino que enlaza con la tradición del análisis de políticas públicas. Una tradición que, desde los primeros trabajos de Harold Lasswell en los años 50 del siglo pasado sobre el papel que el análisis podía jugar en la resolución de problemas públicos, ha ido avanzando en su capacidad analítica, a través de la evaluación de políticas públicas o, más recientemente, con el movimiento para incrementar la experimentación y las decisiones basadas en evidencias.
Es decir, lo que aquí defendemos es continuar y actualizar los esfuerzos para tratar que la formulación de la política en acción sea más "científica" (caracterizar mejor los problemas, analizar y prever tendencias, ensayar soluciones, generar conocimiento sobre lo que funciona y lo que no funciona), y, en definitiva, para que aumente la toma de decisiones fundamentadas en ese conocimiento y, por tanto, su eficacia y también su legitimidad. Pero también resulta relevante desde el punto de vista del proceso político, porque los actores acostumbran muchas veces a utilizar el conocimiento y las evidencias disponibles para argumentar de manera más fundamentada y lograr persuadir de acuerdo con sus intereses y valores. Las evidencias son un recurso más que los actores pueden utilizar en el juego político para reforzar su posición. Por tanto, la cuestión que aquí tratamos de ayudar a dilucidar es si la ciencia se usa legítimamente por parte de los actores (aportando evidencias que sustenten sus argumentos) o es simplemente un recurso para poder "vestir" científicamente mejor sus argumentos sin evidencias sólidas (lo que les acercaría a planteamientos de carácter demagógico) o disfrazar lo que son simplemente argucias sin fundamento (la pura falsedad).
Para llevar a cabo las decisiones políticas, para ponerlas en práctica se necesita una combinación de arte y ciencia en dosis variables. Por un lado, la política que se quiere poner en práctica es el resultado de una actividad analítica y, por el otro, es también fruto de una interacción entre intereses sociales e ideas y valores políticos. Decía Charles Lindblom (1996) que una sociedad y un sistema político basado en las preferencias y en la interacción social tiende a funcionar de manera más articulada que si todo lo fiamos al intelecto, a la pura decisión de los que saben. El mismo Lindblom ponía el ejemplo de lo bien que funcionaba la pura interacción social en los momentos en que una gran muchedumbre atravesaba el famoso cruce de Ginza Street en Tokio, y los desajustes que provocaría el que alguien tratara de organizarlo "científicamente" en carriles, frecuencias y tiempos.
En la vida real, los problemas que son susceptibles de generar políticas públicas de respuesta aparecen en una mezcla confusa de detalles: personalismos, grupos de interés, demandas de carácter retórico, límites presupuestarios, reglas legales que se entrecruzan y que son objeto de distintas interpretaciones, rutinas burocráticas que defienden la manera de hacer "lo de siempre", opiniones ciudadanas de todo tipo, y así en un conglomerado en el que resulta difícil situarse. Por lo tanto, poner en marcha una política no es sólo contar con un buen diagnóstico del problema a resolver o de la necesidad a cubrir.
Como ya hemos adelantado, en los últimos tiempos el desarrollo científico y la revolución tecnológica han aumentado enormemente la capacidad de identificar correlaciones, obtener datos, analizarlos y finalmente establecer diagnósticos sobre problemas o sobre el buen o mal funcionamiento de tal o cual política. Esa capacidad de análisis ha crecido de manera mucho más relevante que las posibilidades de transformar y modificar las políticas que se van llevando a cabo. Por decirlo de otro modo, ha aumentado mucho más la capacidad de diagnóstico del enfermo o de la enfermedad que la de responder con nuevas terapias o tratamientos a esas disfunciones.
Karl Deutsch (1954) sugería ya en los años cincuenta del siglo pasado -una época en la que las cosas parecían, vistas desde los tiempos actuales, bastante más sencillas que hoy- que ese proceso de decisión ante problemas colectivos tenía bastantes similitudes con el famoso partido de croquet de 'Alicia en el País de las Maravillas'. En un campo lleno de surcos y pendientes, las pelotas eran puercoespines con tendencia a desenrollarse e ir cada uno por su lado; los palos eran flamencos que en el momento del golpe se daban la vuelta para mirar al jugador con aire interrogante; las puertas eran soldados formando arcos que, a su vez, también se levantaban y se movían. Si todo esto no fuera suficiente, los jugadores no respetaban los turnos y discutían por cada bola en juego. No era, pues, extraño que Alicia encontrara el juego "verdaderamente díficil". El juego de las decisiones en políticas públicas presenta características similares y nos atreveríamos a decir que incluso son más complicadas, dado que no todos los jugadores quieren serlo, no todos quieren jugar a ese juego sino a otros, y son otros tantos los que están más interesados en hacer ver que juegan que en ganar o que el partido tenga un desenlace.
En este escenario tan alejado de la aparente calma de un laboratorio, ¿qué papel puede jugar la ciencia en todo ello? ¿Qué pueden aportar específicamente los científicos?; ¿son sólo proveedores de evidencias o debemos considerarlos un actor más en el proceso de formación de las políticas públicas? Es indudable que los científicos deben seguir haciendo lo que hacen, que es investigar, tratando de responder a las múltiples preguntas que siguen abiertas y otras muchas que pueden plantearse. Pero, desde mediados del siglo pasado y sobre todo tras la implicación del mundo científico en el final de la Segunda Guerra Mundial y en el proceso de modernización militar, económica y social posterior, la relación entre ciencia y desarrollo económico y tecnológico ha estado cada vez más presente: ¿puede extenderse esta capacidad de transformación de la ciencia a la manera en que nos gobernamos y formulamos las políticas de respuesta a los problemas cada vez más acuciantes que tenemos?
En definitiva, lo que aquí nos planteamos es si hay espacio, recursos y posibilidades para que el conocimiento científico generado tenga un papel en el espacio político y social en el que se dirimen diagnóstico, alternativas y vías de solución a problemas colectivos. Pudiendo, de esta manera, contribuir a generar innovación, aportando mejores evidencias, y reduciendo así también los riesgos de la demagogia y la falsedad en el ineludible debate democrático sobre qué hacer o qué no hacer. Pero, no es sólo un problema de los científicos o de la ciencia, sino que todo ello exige también cambios en la manera de hacer política. En el fondo, lo que nos jugamos es la credibilidad de la democracia.
(Coordinación y edición: Agustín Blanco, Sebastián Mora y José Antonio López-Ruiz)
Gracias a la Fundación Ramón Areces, la Cátedra José María Martín Patino de la Cultura del Encuentro elabora este informe. En él ofrecemos una interpretación global y comprensiva de la realidad social española, de las tendencias y procesos más relevantes y significativos del cambio.
El informe quiere contribuir a la formación de la autoconciencia colectiva, ser un punto de referencia para el debate público que ayude a compartir los principios básicos de los intereses generales.
Parte primera: Consideraciones generales frente a la erosión democrática: más ciencia, mejor política (Joan Subirats, Universitat Autònoma de Barcelona).
8.- La democracia en acción. Políticas públicas y conocimiento.
Hemos defendido hasta ahora que, en este escenario de cambio de época, lleno de incertidumbre, complejidad y dificultad, resulta imprescindible conseguir un afianzamiento de la democracia. Y para ello entendemos que es importante avanzar en una mayor presencia de la ciencia, la tecnología y también la contribución de los científicos y expertos para saber a qué atenernos y reforzar la eficacia de las instituciones democráticas. Una perspectiva de este tipo tiene, como hemos ido viendo, sus pros y sus contras. Pero, ¿en qué aspectos concretos de la acción política es esa articulación más factible? Si lo que queremos es contribuir a que en democracia exista una mayor articulación entre las decisiones de los poderes públicos y las evidencias y capacidades analíticas que nos ofrecen los avances científicos y técnicos, lo primero que deberemos hacer es hablar de los instrumentos que en democracia se han ido configurando para afrontar los problemas colectivos. La política en acción, la política en su capacidad transformadora actúa a través de las políticas públicas.
La política actúa cuando surge una necesidad no satisfecha, una demanda que no ha sido cubierta, una oportunidad de acción que puede mejorar tal o cual cuestión. Pero, que algo vaya mal o no, que lo que se demanda sea o no socialmente necesario, o que la oportunidad deba aprovecharse, son cuestiones debatibles. Como discutibles pueden también ser los datos que avalen o justifiquen tal reclamación de acción por parte de los poderes públicos.
Los poderes públicos tenían en el escenario liberal, a principios del siglo XX, un conjunto de tareas limitadas. Muy centradas en los temas de seguridad, defensa y cumplimiento de la legalidad. A partir del Informe Beveridge de 1943 y la institucionalización de las nuevas democracias tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los objetivos y obligaciones institucionales se amplían significativamente, incorporando derechos sociales como la educación o la sanidad para todos, como garantía de los compromisos de libertad e igualdad. Todo ello impulsó muchos programas y actuaciones de los Estados. La cuestión entonces no fue sólo que los poderes públicos cumplieran la legalidad o garantizaran que los ciudadanos pudieran llevar a cabo sus actividades con seguridad, sino que de lo que se trataba era de ver si eran capaces de cumplir sus promesas, si eran capaces de garantizar unos estándares de salud básica, de asegurar niveles de educación para la población infantil y juvenil y todas aquellas otras cuestiones en que la sociedad considerara necesaria la intervención pública. Más gasto público, más impuestos para sufragar ese gasto, más planes de acción en forma de políticas públicas.
En efecto, en el mundo contemporáneo las decisiones de los poderes públicos se articulan y se sustancian en forma de políticas públicas. Dicho de manera simple, una política pública es "todo aquello que los gobiernos deciden hacer o no hacer" (Dye, 1972). De manera más elaborada, podríamos decir que "una política pública es un conjunto de acciones y decisiones llevadas a cabo por diversos actores con la finalidad de resolver un problema definido políticamente como público" (Subirats et al., 2008). La política pública parte, por tanto, de una insatisfacción, de algo que va "mal", y ese desajuste no va a resolverse por la simple interacción social y privada, sino que requiere que los poderes públicos intervengan.
El crecimiento de la intervención de los poderes públicos y el consiguiente aumento de la inversión pública tiene, pues, ese fundamento normativo y se refleja en el gran abanico de políticas públicas que lo concretan y lo llevan a cabo. Políticas públicas que generan a su alrededor un universo de actores, valores e intereses que tratan de influir en su definición y en su puesta en práctica. Profesores, médicos o sanitarios, trabajadores sociales y un sinfín de otros empleados públicos, con sus sindicatos, agrupaciones y demandas. Pero también asociaciones de alumnos, gente sin techo, pacientes o entidades del tercer sector, junto con empresas que proveen servicios, realizan obras públicas o pretenden influir en la legislación. Y todo ello en un escenario en el que para poder decidir con sentido es necesario disponer de datos sobre los problemas a resolver, contar con análisis de factibilidad de las acciones a emprender. Sabiendo que tras cada decisión hay un universo de personas y entidades afectadas, desde las propias administracionees públicas y sus empleados públicos, hasta las empresas u organizaciones sociales, que deberán involucrarse en la labor de poner en práctica aquello que finalmente se ha decidido.
Siempre ha sido complicado hacer que lo que se decida suceda. Pero ahora la complicación ha aumentado, y se vive en una constante incertidumbre. Cualquier cosa que se decide en cualquier parte del mundo tiene efectos más o menos inmediatos en el resto del planeta. Cada día tenemos más evidencias de que no podemos seguir haciendo lo que hacíamos, ya que la emergencia climática nos va mostrando la gravedad de sus efectos. El sistema financiero y digital actúa en una esfera blogal y trata de reducir e incluso eliminar muchas de las regulaciones de los Estados. Mientras, la desigualdad y el desequilibrio económico a escala planetaria sigue aumentando. Como consecuencia de ello, crecen todo tipo de conflictos y aumentan los flujos migratorios, que generan sociedades multiétnicas con repercusiones evidentes en las identidades y sentidos de pertenencia en multitud de países. En ese escenario los procesos de decisión de nuevas políticas son también más difíciles de llevar a cabo.
Es necesario recordar que las políticas tienen una naturaleza dual. Por un lado, son instrumentos para tratar de solucionar o reducir problemas concretos (por ejemplo, reducir el absentismo escolar, el desempleo, el sinhogarismo, incrementar los niveles de educación postobligatoria, mejorar la salud y contribuir así a aumentar la esperanza de vida de la población, o contribuir a la formación a lo largo de la vida). En tanto que instrumentos, las políticas públicas pueden ser objeto de análisis racional y de evaluación para reforzar su efectividad. ¿En qué grado la política X ha conseguido reducir el problema Y? ¿Qué ha funcionado y qué no? ¿Se podría hacer más con menos recursos? ¿Tendría ventajas que tal tema que ahora asume la administración sea externalizado y que pase a ser gestionado por una empresa o una entidad social? En este ámbito de la racionalidad, las políticas pueden ser objeto de un análisis análogo al que podría hacerse a través de un ensayo clínico para determinar la efectividad de un fármaco contra una enfermedad, o el que haría un ingeniero agrónomo para establecer el nivel de efectividad de un nuevo abono para maximizar, por ejemplo, la producción de fruta.
Pero, por otro lado, las políticas son el resultado de una diversidad de procesos de naturaleza básicamente política. Procesos políticos que pueden darse en el marco de las instituciones, por ejemplo: presentación de un plan de gobierno para mejorar las carreteras de titularidad estatal. O pueden darse de forma más o menos informal: grupos políticos negociando entre ellos en el Congreso un nuevo programa de becas; sindicatos queriendo condicionar la acción del Gobierno en materia de inversiones; grupos de interés tratando de visibilizar un problema para que el Gobierno actúe; un conjunto de académicos publicando artículos para promover una determinada solución con relación al calentamiento global; o un grupo de activistas movilizándose para impedir que se construya una infraestructura.
Todo ello forma parte inequívoca de la política. En este ámbito el conocimiento o la "ciencia" que se necesita es otra. Consiste en saber cómo funciona el proceso político, qué actores participan y cuáles son los más influyentes, cómo llegan a definir un problema, cómo logran que los temas que definen alcancen la agenda pública, o qué han de hacer para que acaben seleccionándose sus alternativas de acción preferidas. Es el ámbito de los valores y los intereses y ahí el análisis técnico-racional tiene sus límites. Es asimismo el ámbito del pluralismo, donde se hace evidente que las decisiones no las toma un decisor único y racional, sino que derivan de la interacción entre actores.
El análisis racional o científico de las políticas públicas suele pecar de olvidar o minusvalorar la dimensión estrictamente política, mientras que el análisis político suele subestimar la dimensión más analítica o instrumental de las políticas. A los efectos de lo que aquí nos interesa -cómo conseguir que las evidencias y análisis de las aportaciones científicas tengan más impacto en el proceso de elaboración de las políticas públicas-, ambas dimensiones de las políticas son igualmente relevantes.
Es importante señalar, por otra parte, que la "ciencia para las políticas" no es una perspectiva genuinamente nueva, sino que enlaza con la tradición del análisis de políticas públicas. Una tradición que, desde los primeros trabajos de Harold Lasswell en los años 50 del siglo pasado sobre el papel que el análisis podía jugar en la resolución de problemas públicos, ha ido avanzando en su capacidad analítica, a través de la evaluación de políticas públicas o, más recientemente, con el movimiento para incrementar la experimentación y las decisiones basadas en evidencias.
Es decir, lo que aquí defendemos es continuar y actualizar los esfuerzos para tratar que la formulación de la política en acción sea más "científica" (caracterizar mejor los problemas, analizar y prever tendencias, ensayar soluciones, generar conocimiento sobre lo que funciona y lo que no funciona), y, en definitiva, para que aumente la toma de decisiones fundamentadas en ese conocimiento y, por tanto, su eficacia y también su legitimidad. Pero también resulta relevante desde el punto de vista del proceso político, porque los actores acostumbran muchas veces a utilizar el conocimiento y las evidencias disponibles para argumentar de manera más fundamentada y lograr persuadir de acuerdo con sus intereses y valores. Las evidencias son un recurso más que los actores pueden utilizar en el juego político para reforzar su posición. Por tanto, la cuestión que aquí tratamos de ayudar a dilucidar es si la ciencia se usa legítimamente por parte de los actores (aportando evidencias que sustenten sus argumentos) o es simplemente un recurso para poder "vestir" científicamente mejor sus argumentos sin evidencias sólidas (lo que les acercaría a planteamientos de carácter demagógico) o disfrazar lo que son simplemente argucias sin fundamento (la pura falsedad).
Para llevar a cabo las decisiones políticas, para ponerlas en práctica se necesita una combinación de arte y ciencia en dosis variables. Por un lado, la política que se quiere poner en práctica es el resultado de una actividad analítica y, por el otro, es también fruto de una interacción entre intereses sociales e ideas y valores políticos. Decía Charles Lindblom (1996) que una sociedad y un sistema político basado en las preferencias y en la interacción social tiende a funcionar de manera más articulada que si todo lo fiamos al intelecto, a la pura decisión de los que saben. El mismo Lindblom ponía el ejemplo de lo bien que funcionaba la pura interacción social en los momentos en que una gran muchedumbre atravesaba el famoso cruce de Ginza Street en Tokio, y los desajustes que provocaría el que alguien tratara de organizarlo "científicamente" en carriles, frecuencias y tiempos.
En la vida real, los problemas que son susceptibles de generar políticas públicas de respuesta aparecen en una mezcla confusa de detalles: personalismos, grupos de interés, demandas de carácter retórico, límites presupuestarios, reglas legales que se entrecruzan y que son objeto de distintas interpretaciones, rutinas burocráticas que defienden la manera de hacer "lo de siempre", opiniones ciudadanas de todo tipo, y así en un conglomerado en el que resulta difícil situarse. Por lo tanto, poner en marcha una política no es sólo contar con un buen diagnóstico del problema a resolver o de la necesidad a cubrir.
Como ya hemos adelantado, en los últimos tiempos el desarrollo científico y la revolución tecnológica han aumentado enormemente la capacidad de identificar correlaciones, obtener datos, analizarlos y finalmente establecer diagnósticos sobre problemas o sobre el buen o mal funcionamiento de tal o cual política. Esa capacidad de análisis ha crecido de manera mucho más relevante que las posibilidades de transformar y modificar las políticas que se van llevando a cabo. Por decirlo de otro modo, ha aumentado mucho más la capacidad de diagnóstico del enfermo o de la enfermedad que la de responder con nuevas terapias o tratamientos a esas disfunciones.
Karl Deutsch (1954) sugería ya en los años cincuenta del siglo pasado -una época en la que las cosas parecían, vistas desde los tiempos actuales, bastante más sencillas que hoy- que ese proceso de decisión ante problemas colectivos tenía bastantes similitudes con el famoso partido de croquet de 'Alicia en el País de las Maravillas'. En un campo lleno de surcos y pendientes, las pelotas eran puercoespines con tendencia a desenrollarse e ir cada uno por su lado; los palos eran flamencos que en el momento del golpe se daban la vuelta para mirar al jugador con aire interrogante; las puertas eran soldados formando arcos que, a su vez, también se levantaban y se movían. Si todo esto no fuera suficiente, los jugadores no respetaban los turnos y discutían por cada bola en juego. No era, pues, extraño que Alicia encontrara el juego "verdaderamente díficil". El juego de las decisiones en políticas públicas presenta características similares y nos atreveríamos a decir que incluso son más complicadas, dado que no todos los jugadores quieren serlo, no todos quieren jugar a ese juego sino a otros, y son otros tantos los que están más interesados en hacer ver que juegan que en ganar o que el partido tenga un desenlace.
En este escenario tan alejado de la aparente calma de un laboratorio, ¿qué papel puede jugar la ciencia en todo ello? ¿Qué pueden aportar específicamente los científicos?; ¿son sólo proveedores de evidencias o debemos considerarlos un actor más en el proceso de formación de las políticas públicas? Es indudable que los científicos deben seguir haciendo lo que hacen, que es investigar, tratando de responder a las múltiples preguntas que siguen abiertas y otras muchas que pueden plantearse. Pero, desde mediados del siglo pasado y sobre todo tras la implicación del mundo científico en el final de la Segunda Guerra Mundial y en el proceso de modernización militar, económica y social posterior, la relación entre ciencia y desarrollo económico y tecnológico ha estado cada vez más presente: ¿puede extenderse esta capacidad de transformación de la ciencia a la manera en que nos gobernamos y formulamos las políticas de respuesta a los problemas cada vez más acuciantes que tenemos?
En definitiva, lo que aquí nos planteamos es si hay espacio, recursos y posibilidades para que el conocimiento científico generado tenga un papel en el espacio político y social en el que se dirimen diagnóstico, alternativas y vías de solución a problemas colectivos. Pudiendo, de esta manera, contribuir a generar innovación, aportando mejores evidencias, y reduciendo así también los riesgos de la demagogia y la falsedad en el ineludible debate democrático sobre qué hacer o qué no hacer. Pero, no es sólo un problema de los científicos o de la ciencia, sino que todo ello exige también cambios en la manera de hacer política. En el fondo, lo que nos jugamos es la credibilidad de la democracia.
(Coordinación y edición: Agustín Blanco, Sebastián Mora y José Antonio López-Ruiz)